Las irregularidades se originaron en dos licitaciones abreviadas adjudicadas a un frigorífico durante los años 2021 y 2022.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, , a cargo de la fiscal Sandra Fleitas, logró este lunes la condena de cuatro integrantes de la Armada Nacional por su participación en una maniobra destinada a ocultar irregularidades en el suministro de carne al Servicio de Aprovisionamiento de la Armada (SERAP) y la falta de controles sobre las entregas.
Las irregularidades se originaron en dos licitaciones abreviadas adjudicadas por la Armada Nacional a un frigorífico durante los años 2021 y 2022, cuyo objeto era la adquisición de carne de cerdo congelada. Los hechos fueron denunciados por la propia Armada Nacional.
Mediante una práctica denominada «conversiones», se solicitaba al adjudicatario la entrega de cortes especiales de carne bovina, de mayor valor que los productos licitados. Para ello, se calculaba la equivalencia de su precio en kilos de carne de cerdo y se descontaba esa cantidad del saldo de la adjudicación. Esta operativa generaba un faltante de carne en el stock del SERAP.
Si bien se sostuvo que las «conversiones» constituían una práctica habitual dentro de la Armada Nacional, las adquisiciones mediante Licitaciones Públicas deben ajustarse al objeto y a las condiciones establecidos en sus respectivos pliegos.
Para ocultar las irregularidades y evitar que quedara en evidencia la falta de controles, se incorporaban al procedimiento administrativo remitos cuyo contenido no coincidía con los cortes de carne efectivamente entregados ni con el destino de la mercadería. De esta manera, la documentación no reflejaba lo ocurrido y disimulaba las omisiones en las medidas de control que correspondía adoptar a los funcionarios involucrados, de acuerdo con las tareas asignadas.
Dos de los imputados fueron condenados, en proceso abreviado, como autores penalmente responsables de un delito de asociación para delinquir en reiteración real con un delito de uso de documento privado falso. Uno recibió una pena de 24 meses de prisión y el otro, de 22 meses, ambas sustituidas por un régimen de libertad a prueba, con algunas obligaciones como residir en un lugar determinado, cumplir arresto domiciliario nocturno por el plazo de siete meses para uno y de seis meses para el otro, prestación de servicio comunitario por el plazo de cuatro meses y cierre de fronteras por el plazo que dure la condena.
Los otros dos imputados fueron condenados, también en proceso abreviado, como autores penalmente responsables de un delito de Omisión de los funcionarios en proceder a denunciar los delitos, a la pena de 15 y 7 meses de prisión, respectivamente. Estas penas fueron sustituidas por régimen de libertad a prueba, imponiéndoseles similares obligaciones a los anteriores, aunque en estos casos con arresto domiciliario nocturno por el plazo de cinco meses y quince días para uno y de dos meses para el otro, y prestación de servicio comunitario por el plazo de dos meses.
*Texto : Comunicación de Fiscalía
