La comparecencia estuvo vinculada a la reparación de un camión particular que había sido impactado por una máquina de la Intendencia durante trabajos en la vía pública. La edil Nancy Paraduja mantuvo sus cuestionamientos, mientras que el intendente sostuvo que se brindaron todas las explicaciones solicitadas.
Culminó en la Junta Departamental de Río Negro el llamado a sala al intendente Guillermo Levratto, convocado a raíz de la reparación de un camión particular en dependencias del Corralón Municipal, luego de un siniestro de tránsito ocurrido en mayo.
El episodio se registró mientras personal de la Intendencia desarrollaba tareas en una calle y una máquina municipal impactó contra el vehículo. Posteriormente, se acordó con el propietario realizar la reparación en instalaciones de la comuna, sin recurrir al seguro, decisión que generó cuestionamientos y motivó distintos pedidos de informes.
Durante la instancia, la edil interpelante Nancy Paraduja sostuvo que las respuestas proporcionadas por el Ejecutivo departamental no despejaron las dudas planteadas. Entre otros aspectos, señaló interrogantes respecto a la legalidad del procedimiento adoptado y a las razones por las cuales no se utilizó el seguro correspondiente.
Paraduja afirmó además que los informes jurídicos a los que tuvo acceso respaldan los cuestionamientos formulados durante el proceso.
Desde el Ejecutivo departamental, el intendente Guillermo Levratto defendió el procedimiento y consideró que las explicaciones brindadas fueron claras y que el tema quedó suficientemente discutido. Afirmó que la Intendencia proporcionó la información solicitada y cuestionó los fundamentos utilizados para recurrir al mecanismo de llamado a sala en este caso.
En ese sentido, Levratto señaló que entre los elementos que motivaron la convocatoria se encontraba un informe jurídico de la Junta Departamental y declaraciones realizadas en una transmisión por streaming.
Posición del Frente Amplio
Tras la comparecencia, la bancada del Frente Amplio emitió un comunicado en el que consideró satisfactorias las explicaciones proporcionadas por el intendente.
Según expresó la bancada, la instancia permitió establecer una «absoluta trazabilidad administrativa, jurídica y documental» del procedimiento y sostuvo que la intervención de la Intendencia se limitó a un monto total de $4.401.
De esta manera, la comparecencia finalizó con posiciones diferentes entre la edil convocante y el Ejecutivo departamental respecto al procedimiento seguido para la reparación del vehículo.
