Ocho policías fueron condenados por su participación en la maniobra conocida como caso Caranchos, informaron fuentes del caso a Subrayado. Las penas llegan hasta los dos años de penitenciaría, pero también hay condenas de 16 y 14 meses de prisión.
Cinco de los policías fueron condenados a 16 meses de prisión, dos años de inhabilitación especial y el pago de 50 UR de multa, con descuento de la detención cumplida. La condena fue por asociación para delinquir especialmente agravada, reiterados delitos de cohecho calificado especialmente agravado y reiterados delitos de uso indebido de información privilegiada especialmente agravado.
Otros dos fueron condenados a 14 meses de prisión, dos años de inhabilitación especial y el pago de 50 UR de multa, también con descuento de la detención cumplida, por los mismos delitos.
El octavo policía fue condenado a dos años de penitenciaría, dos años de inhabilitación especial y el pago de 50 UR de multa. Además de los delitos anteriores, fue condenado por falsificación o alteración de un documento público.
La multa de 50 UR equivale a $97.035, según el valor de este martes.
Los ocho aceptaron un proceso abreviado. Un noveno policía no aceptó el proceso abreviado, fue imputado y, eventualmente, irá a juicio.
El Juzgado Penal Especializado en Crimen Organizado de 2.º Turno dispuso para este noveno imputado arresto domiciliario hasta el 15 de marzo de 2027, con colocación de tobillera electrónica. También le prohibió comunicarse, por cualquier medio o por interpuesta persona, con funcionarios vinculados a la investigación y con otras personas relacionadas con el caso.
La Fiscalía a cargo del caso, la Departamental de Toledo, representada por la fiscal Paula Pereyra, apeló esta resolución y el recurso será elevado al Tribunal de Apelaciones que corresponda.
Para quienes aceptaron el proceso abreviado, la audiencia se extendió hasta la noche; en cambio, para el noveno policía que fue imputado, la instancia se extendió hasta pasada la medianoche.
La investigación por el caso Caranchos es una maniobra en la que abogados, policías, choferes de ambulancia y personal de la salud utilizaban información reservada para captar a víctimas de accidentes de tránsito. Con esos datos, notificaban a abogados o gestores, que luego contactaban a las víctimas como potenciales clientes.
Los policías condenados trabajaban en las jefaturas de Montevideo, Maldonado y Canelones.
Por esta investigación ya habían sido condenadas otras diez personas, entre policías, abogados y funcionarios de la salud. En total, hay unas 60 personas involucradas en la maniobra, que en principio se realizaba desde hacía cinco años.
