La Intendencia de Río Negro pondrá en marcha una nueva edición del Presupuesto Participativo, una herramienta mediante la cual los habitantes de distintas localidades del interior podrán presentar proyectos destinados a atender necesidades de sus comunidades y definir, mediante votación, cuáles serán ejecutados.
El programa contará con una asignación de 3 millones de pesos anuales, prevista en el Presupuesto Quinquenal, lo que representa una inversión total de 15 millones de pesos entre 2026 y 2030.
Podrán participar personas mayores de 15 años, así como grupos y organizaciones no públicas de las localidades comprendidas en el programa. Las iniciativas deberán estar orientadas al beneficio colectivo, contemplar el uso público y demostrar viabilidad para su ejecución.
Entre las condiciones establecidas, no podrán presentarse proyectos con fines partidarios, religiosos o lucrativos, destinados exclusivamente a beneficios privados, que impliquen gastos permanentes de funcionamiento o que correspondan a servicios básicos que forman parte de las competencias habituales de la Intendencia.
Las propuestas serán sometidas a una etapa de evaluación en la que se considerarán aspectos como el impacto comunitario, la viabilidad técnica y económica, las posibilidades de ejecución, la sostenibilidad, la inclusión y el beneficio colectivo. Aquellas iniciativas que sean habilitadas pasarán posteriormente a una instancia de votación, en la que los vecinos definirán cuáles serán priorizadas.
La ejecución de los proyectos seleccionados estará a cargo de la Intendencia de Río Negro.
Localidades comprendidas
El programa está dirigido a habitantes de Grecco, Sarandí de Navarro, Paso de los Mellizos, Paso de la Cruz-Villa María, Menafra, Sarandí Grande, Algorta, Bellaco, Sauce, Sánchez y Colonia Tomás Berreta-Los Arrayanes.
Las ediciones se realizarán anualmente entre 2026 y 2030. En cada edición podrán participar hasta tres de las localidades incluidas en el programa.
El mecanismo apunta a generar una instancia de participación directa en la que las comunidades puedan plantear necesidades, formular propuestas y establecer, mediante el voto, cuáles consideran prioritarias para mejorar las condiciones de vida y los espacios de uso colectivo en sus localidades.
