La dueña, de 46 años, y la encargada, de 49, fueron imputadas por reiterados delitos de privación de libertad, reiterados delitos de abandono de personas incapaces, reiterados delitos de estafa, reiterados delitos de omisiones de asistencia, en calidad de autoras a título de dolo directo. La fiscal Silvia Lovesio dijo en la audiencia que se trataba de un «contexto lamentable».
Fueron imputadas este domingo la propietaria y la encargada del residencial clandestino de La Unión. Ambas cumplirán prisión preventiva por el plazo de 120 días, mientras continúa la investigación.
Las mujeres fueron imputadas por reiterados delitos de privación de libertad, reiterados delitos de abandono de personas incapaces, reiterados delitos de estafa, reiterados delitos de omisiones de asistencia, en calidad de autoras a título de dolo directo.
La defensa de ambas se opone a la tipificación de los delitos y sostiene que los gritos de los ancianos eran porque los residentes presentan problemas de salud mental.
El lugar fue inspeccionado por la Policía el pasado sábado y la Fiscalía ordenó la detención de la dueña del residencial, de 46 de años y a la encargada de 49, ambas sin antecedentes penales.
La fiscal Silvia Lovesio dijo en la audiencia que entiende que hay dos lugares: uno de fachada y otro clandestino, a una cuadra de distancia.
Uno de ellos ubicado en Comercio y Cabral, con el cartel del residencial y los cuidados que ofrece, lugar donde ingresaban los familiares y pensaban que allí quedaban los adultos mayores.
Por otra parte, en Comercio y Corrales estaba ubicado el residencial clandestino. Allí vivían entre 19 y 22 personas, deshidratados, desnutridos y en un contexto de vulnerabilidad.
Según supo Subrayado, las visitas eran coordinadas y cada vez que los familiares iban encontraban a los ancianos en el local de Comercio y Cabral.
