Carrasco fue imputado por un delito de estafa y lavado de activos, mientras que Iewdiukow y Cabral sólo por estafa.
La jueza de Crimen Organizado de segundo turno, Diovanet Olivera, aceptó el pedido de formalización realizado por el fiscal especializado en Lavado de Activos Enrique Rodríguez y formalizó el proceso contra el socio fundador de Conexión Ganadera Pablo Carrasco, su esposa y socia Ana Iewdiukow y Daniela Cabral, socia y viuda del socio fundador fallecido, Gustavo Basso.
Tal como pidió la fiscalía, Carrasco fue imputado por un delito de estafa y lavado de activos, mientras que Iewdiukow y Cabral sólo por estafa, debido a que las maniobras que implican compra de inmuebles con el dinero de los más de 4.000 damnificados sólo tiene la firma de Carrasco. De todas formas, la fiscalía, al presentar el pedido de formalización, advirtió que la investigación recién está comenzando y no puede descartarse una ampliación de la formalización en la medida en que vayan llegando nuevos elementos a la causa.
Las defensas de los imputados, representadas por Jorge Barrera y Marianella Melgar por el matrimonio Carrasco-Iewdiukow y por Eduardo Sassón y Pablo Donánggelo por Daniela Cabral, buscaron minimizar la participación en los ámbitos de toma de decisiones de Iewdiukow y Cabral, mientras que en el caso de Carrasco se planteó que delegaba al socio fallecido la parte administrativa de Conexión Ganadera.
Algunas de las defensas de los damnificados, que son 28 abogados, plantearon la necesidad de tener un mayor protagonismo en el proceso y señalaron la falta de acceso al documento que pidió la formalización, que también incluye un pedido de embargo por 16 millones de dólares. Además, algunas de las defensas dijeron que hay evidencia como para sumar a la imputación de las socias el delito de lavado y otros delitos como el de insolvencia fraudulenta.
Fiscal responde a los abogados
El fiscal Rodríguez respondió en la audiencia los cuestionamientos de algunos de los abogados y dijo que “se dijeron algunas cosas” sobre las que no podía “permanecer en silencio”. Si bien puntualizó que no le gustaba rehuir al debate, rechazó que no haya habido acceso a la carpeta por parte de las defensas de las víctimas.
“No sé cuántas veces la fiscalía ha convocado a 28 abogados querellantes a una reunión donde se explicó qué se hizo, qué se está haciendo y qué se iba a hacer. A nadie se le ha prohibido el acceso a la carpeta de investigación”, afirmó y agregó que el equipo de fiscalía respondió todas las consultas que recibió en este proceso, pero puntualizó que lo que corresponde es entregar primero la solicitud de formalización a los abogados de los imputados y después presentarla en audiencia.
En cuanto a la posibilidad de imputar otros delitos, resaltó que fiscalía continúa investigando. A modo de ejemplo, señaló que no podrían haber hablado de insolvencia societaria fraudulenta, porque todavía no está determinado el activo y pasivo de Conexión Ganadera, ni que existió una quiebra fraudulenta, porque previamente lo debe hacer un juez y eso no ha sucedido. En cuanto a lavado de activo, la fiscalía enfatizó que quedan pendientes un montón diligencias para imputar esos delitos en el caso de Cabral o Iewdiukow.
El embargo por 16 millones de dólares a los socios de Conexión Ganadera
En primer lugar, la fiscalía argumentó que tiene la voluntad de recuperar bienes que, en caso de que exista una condena, se puedan vertir al concurso de la empresa, para que los acreedores puedan cobrar. Por ese motivo, solicitó un embargo de bienes que suman aproximadamente 16 millones de dólares.
En concreto, se pidió trabar embargo a más de diez inmuebles y campos en Río Negro, Florida, Durazno y Lavalleja y en Montevideo. Asimismo, se solicitó el mismo embargo por más de una decena de vehículos, entre ellos, un Maserati, valuado en 300.000 dólares.
También se solicitó el embargo del dinero proveniente de la venta de un inmueble, a nombre de Marcela Carrasco, por 700.000 dólares, el dinero incautado en los allanamientos a las oficinas de Conexión Ganadera, por 33.000 dólares, y otro inmueble en Madrid. Asimismo, el fiscal solicitó el embargo de los paquetes accionarios de las empresas panameñas Tango y Conga, que Carrasco creó con el objetivo de no pagar la doble tributación en Uruguay y Estados Unidos, según informó este jueves Brecha.
En cuanto a los embargos a terceros, la fiscalía solicitó el embargo para inmuebles de los hijos de los imputados, entre ellos, una propiedad a nombre de Agustina y Candelaria Basso en Punta Carretas, por 395.000 dolares; dos padrones en Durazno comprados por Alfredo Rava, yerno de Basso, y Agustina por 1,5 millones de dólares y otro por 480.000 pesos en la localidad de Pintado; y dos padrones en Lavalleja, por 750.000 dólares, por parte de Candelaria Basso y Jorge Cunietti.
La fiscalía argumentó que dichos bienes fueron adquiridos de cuentas que preovenían de Conexión Ganadera y que integraban el grupo económico y que el embargo era a fines de evitar que “se pueda llegar a la afectación de estos bienes”. Para justificar la posibilidad de que los bienes puedan desaparecer, fiscalía señaló que en enero de 2025 se vendió un inmueble, de los cuales se está perdiendo el embargo del crédito pendiente de cobro y también hubo venta de vehículos, cuya trazabilidad está rastreando la fiscalía. Finalmente, la jueza autorizó el embargo tanto para los indagados como para los terceros nombrados por la fiscalía.
La discusión de las medidas cautelares
Uno de los puntos que fueron mayoritariamente discutidos en la audiencia fue en lo referente a las medidas cautelares de privación de libertad para los imputados. La fiscalía solicitó medidas cautelares en este sentido basándose en el artículo 225, del Código del Proceso Penal, que determina como riesgo procesal el entorpecimiento de la investigación, y el 226, que refiere al peligro de fuga.
En cuanto al eventual entorpecimiento de la investigación, la fiscalía argumentó que quedan múltiples diligencias para llevar adelante, entre ellas, la recepción de declaraciones de otros funcionarios y empleados de las tres empresas vinculadas a Conexión Ganadera que continúan en relación de dependencia con los imputados. En tanto, sobre el peligro de fuga, la fiscalía argumentó que si bien los imputados siempre estuvieron a disposición e fiscalía, “no puede caber duda que tienen disponibilidad y una facilidad económica” significativa, que les permitiría acceder por distintas vías a una “solvencia económica” para irse del territorio.
La fiscalía pidió para el caso de Carrasco la privación de libertad, bajo el amparo de los mismos artículos mencionados antes, pero tomando en cuenta que uno de los delitos que se le imputa es el lavado de activos, que prevé que se debe solicitar una pena de reclusión efectiva total. En cuanto a Iewdiukow y Cabral se solicitó arresto domiciliario, con tobillera electrónica. Todas las medidas fueron solicitadas por un plazo de 180 días
Posteriormente, las defensas de las víctimas argumentaron en contra de la medida dispuesta a Iewdieukow y Cabral. Entre los argumentos que manejaron los abogados, se destacó que la misma valoración que hace la Fiscalía para disponer la privación de libertad efectiva total para Carrasco también aplica para ambas imputadas, sobre todo teniendo en cuenta el “poder económico” que tienen ambas para poder afectar la investigación. También se remarcó que en el juicio concursal las imputadas, al igual que Carrasco, “no han colaborado en absolutamente en nada”.
En tanto, el abogado de Carrasco y Iewdiukow, Jorge Barrera señaló que en 2017, al pasar a un proceso acusatorio con el nuevo Código del Proceso Penal, se celebró por parte de la Fiscalía y de los abogados que las personas iban a pasar a poder tener juicios en libertad. “Eso no es verdad. Es un enunciado teórico muy lindo para decir en la academia, la facultad, escribir libros, pero no es la verdad jurisprudencial ni de lo que estamos viviendo”, sentenció, e incluso hizo referencia a la decisión de la jueza Marcela Vargas que en la causa por el caso de Gustavo Penadés mantuvo la cautelar de privación de libertad porque el Tribunal de Apelaciones había revocado su decisión en una anterior instancia.
También argumentó que solamente habrían cinco personas que faltarían declarar en la causa y remarcó que, actualmente, “Pablo Carrasco no es jefe de nadie”, porque “las sociedades hechas se liquidaron”. En cuanto al peligro de fuga, señaló que si hubiesen querido irse del país, porque tienen nacionalidad italiana, e incluso una propiedad en España, lo hubiesen hecho en 2024 cuando la empresa quiebra.
Sin embargo, dijo que dado que sabe la postura que tiene el Tribunal de Apelaciones respecto a este tema, y a pesar de estar en contra de ese proceder, adelantó que no se iba a oponer a la solicitud de la medida cautelar
Otra fue la postura de la defensa de Cabral, que se opuso a la medida solicitada por la fiscalía. Donánggelo argumentó en la misma línea que Barrera y planteó que en esta audiencia “no está en juego solamente la libertad” de Cabral, sino “el sentido mismo del proceso penal” como herramienta de derecho. “Limitar la libertad por una reacción social negativa de la opinión pública es la claudicación de la justicia”, afirmó y agregó que más allá de argumentos jurídicos, detrás de la “decisión hay motivaciones en presiones personales, temores personales, y en una confusión entre justicia y espectáculo”.
También resaltó que Cabral lleva cinco meses con las medidas cautelares de prohibición de salir del país y fijar domicilio y “dieron muestras de haber resultado”. Sobre el eventual entorpecimiento, el abogado señaló que la fiscalía no ha logrado demostrar que ninguna de las medidas previas resultarían ineficaces para conjurar el riesgo de entorpecimiento.
La jueza Diovanet Olivera dispuso la prisión preventiva hasta el 10 de febrero de Pablo Carrasco, mientras que a Ana Iewdiukow y Daniela Cabral les dispuso una medida de prisión domiciliaria, considerando qye aún existe una gran suma de dinero que falta rastrear, que faltan varias diligencias pendientes y testigos para declarar. En cuanto a la domiciliaria de Cabral y Iewdiukow dijo que se trata de una medida proporcional a los delitos por los que son investigadas.
El abogado de Carrasco, Jorge Barrera, dio a la diaria que su cliente ahora será trasladado al Centro de Ingreso, Diagnóstico y Derivación (CIDD) en Punta Rieles, mientras se define cuál será el establecimiento carcelario en el que cumplirá prisón efectiva. La medida será revisada el 10 de febrero de 2026.
*La Diaria – Foto: Gianni Schiaffarino
