El Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales dio a conocer a través de una declaración pública la denuncia realizada por una vecina de la Escuela Agraria de la DGETP–UTU, sita a unos 5 kilómetros de la segunda ciudad del departamento de Paysandú. Al respecto señala la organización ambientalista que el día 5 de junio “se fumigó con agrotóxicos la zona de la Colonia Juncal”, lugar donde está ubicado el citado centro de estudios, según indicaron docentes de la institución.
“Nos transmiten en ese momento que un equipo de aplicación terrestre (mosquito) estaba esparciendo químicos muy cerca del centro educativo y que el olor era insoportable, los estudiantes que estaban en la parada del ómnibus quedaron expuestos a la fumigación que se hacía a escasos 20 metros”.
Frente a esta situación se les sugirió “hacer la denuncia a la DGSA (Dirección General de Servicios Agrícolas)».
Al mismo tiempo, nos pusimos en contacto con el alcalde reelecto y el alcalde en funciones para exigirles la aplicación del decreto 8058/20 (Plan local de Ordenamiento Territorial del Municipio de Guichón) que tiene algunas regulaciones para esa zona, pero no obtuvimos respuesta”, indican en la declaración.
Tras la formulación de la denuncia, prosiguen relatando, “la DGSA concurrió al lugar a tomar muestras de vegetales, de agua y constatar las distancias, así como también labrar un acta de lo sucedido. En dicha acta se deja constancia que los estudiantes que se vieron expuestos a la fumigación experimentaron ardor de garganta y malestar estomacal”.
El grupo recordó que la Escuela “está ubicada dentro del área de protección ambiental y protección turístico termal, Art. 55 del decreto 8058/20, donde no están permitidas las actividades agrícolas ganaderas que afecten el ambiente” y agregan que el artículo 135 de ese mismo decreto “establece que se prohíbe realizar fumigaciones con equipos terrestres a una distancia menor de 500 metros de centros educativos”.
Frente a esta situación manifiestan que “la Intendencia de Paysandú y el Municipio de Guichón son las instituciones que deben hacer cumplir esta normativa y no mirar para otro lado” y recordaron que “en ese mismo lugar existen antecedentes en los que MSP reconoció la afectación de la salud de una vecina por la aplicación de agrotóxicos”.
*El Telégrafo
