El documento establece la conformación de un equipo en cada subsistema cuando se detecta que una alumna puede estar embarazada; el objetivo es “mantener el vínculo de la adolescente y la niña con el centro educativo” y que ese espacio sea “de protección”.
Por medio de la Dirección de Derechos Humanos, la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) presentó el documento “Mapa de ruta para el abordaje en el sistema educativo de las situaciones de embarazo en niñas y adolescentes”.
En la mesa expositiva estuvo presente la directora de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central (Codicen), Gloria Canclini; la presidenta del Codicen, Virginia Cáceres; y Valeria Ramos y Fernando Filgueira, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Es que, justamente, la elaboración del documento se trató de un trabajo conjunto e interinstitucional, no sólo con UNFPA, sino también con docentes y técnicos de los distintos subsistemas de la educación, y tomando en cuenta visiones de los propios estudiantes.
Canclini enfatizó en que es una nueva “herramienta que viene a sumarse al conjunto” de las ya existentes, elaboradas “como apoyo a los centros educativos y equipos docentes”. En ese marco, explicó que el documento tiene un fuerte énfasis en el trabajo interinstitucional y dialoga con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a través del programa Uruguay Crece Contigo.
“El mapa responde a la necesidad de abordar el embarazo en la adolescencia como un problema social, que es expresión y consecuencia de las desigualdades sociales y factores que no tienen que ver sólo con la exclusión social, sino también con componentes culturales, la violencia basada en género durante generaciones y, por tanto, a raíz de desigualdades de género, económicas, territoriales y étnico raciales”, aseguró Canclini.
Mediante el mapa, se proponen “mantener el vínculo de la adolescente y la niña con el centro educativo”, y que ese espacio pueda ser “un ámbito de protección”, debido a que la “maternidad temprana excluye a las niñas y adolescentes” de su trayectoria educativa.
En rueda de prensa, Cáceres explicó que el documento se trata de “un mapa bien práctico para cuando se detecta una situación de posible embarazo en el centro educativo: cómo actuar y sobre todo cómo articular con otras instituciones del Estado que tienen una mirada más específica, por ejemplo, ASSE, que es el que siempre tiene que diagnosticar o definir si hay un embarazo o no, y cuáles son todas las posibles situaciones que se pueden dar”. Entre ellas, planteó que “puede haber un embarazo y ser producto de un abuso sexual”, también “puede descartarse el embarazo, pero sí identificarse el abuso sexual, o puede simplemente ser un embarazo a partir de una relación consensuada entre dos adolescentes, no niños, porque en ese caso siempre se presume la explotación”.
En ese sentido, la presidenta del Codicen esgrimió que considera que el mapa será “una herramienta que va a ser muy útil para el trabajo de los docentes en el aula, ya que establece acciones concretas una vez que se identifica una situación”. Específicamente, destacó el establecimiento de la conformación de “un grupo de trabajo dentro del centro educativo para hacer un acompañamiento al estudiante y además generar el vínculo con las otras instituciones del Estado y, a partir de allí, se va bajando paso por paso cuáles son las acciones a seguir”.
Los lineamientos del mapa de ruta
Ramos se encargó de presentar las líneas principales del mapa de ruta. Explicó que se basa en uno realizado anteriormente, en 2019, que también abordaba el embarazo en la adolescencia. En relación, esgrimió que hay un apartado de “antecedentes, porque es un hito que se viene caminando desde 2016 de manera interinstitucional”.
Por otro lado, si bien aseguró que en los últimos ocho años el promedio de embarazos en la adolescencia y la infancia ha descendido, igualmente existen departamentos del país en los que el promedio “duplica el de países desarrollados” y que se trata del núcleo “más duro”, que devela el “abuso sexual y la violencia” y es “la cara de la desigualdad y la injusticia social”. Por esa razón, aseguró que es necesario “redoblar esfuerzos” y el mapa es uno de los caminos hacia ello.
Explicó que el documento “tiene orientaciones generales para todo el sistema educativo y una ruta particular para educación primaria y media”. En ese marco, subrayó la importancia de “proteger la trayectoria educativa en la presencialidad”. Narró que con la pandemia de por medio muchas veces “con toda la voluntad de cuidar” se envía a la niña o adolescente embarazada a su casa, para seguir las clases y los deberes a través de la ceibalita o Whatsapp.
Sin embargo, en el documento “se enfatiza mucho que, salvo que haya contraindicaciones médicas, el centro educativo es protector, y no es sólo que venga, sino qué hacemos en la escuela o el liceo para que no se quiera ir y que luego también quiera volver”.
En ese sentido, delineó una serie de puntos plasmados en el mapa a la hora de detectar una situación de posible embarazo: “Tener siempre presente la autonomía progresiva para la decisión, y no superponer intervenciones, sino que hacerlo coordinadamente”; “identificar la presencia de indicadores que den cuenta de abuso o explotación de otras personas, saber si el embarazo es con alguien de su cercana edad o de mucha diferencia de edad, que por tanto es abuso”; “no realizar una asociación directa y rápida de embarazo y maternidad, ya que puede ser interrumpido o puede tenerlo, pero también tener la posibilidad de adopción”. En cualquier caso, planteó que “es importante la continuidad en la protección y el cuidado”, “trabajar con las familias y pares” e identificar si la niña o adolescente tiene alguna discapacidad.
Específicamente en Primaria, Ramos señaló que “la sospecha es un indicador de vulnerabilidad”. Por este motivo, en un lapso máximo de 24 horas “se tiene que conformar un grupo de trabajo compuesto por la docente del aula, un maestro comunitario o articulador, la dirección y escuelas disfrutables para pensar quién va a ser el referente para hablar con la niña y las instituciones”, y atender las distintas posibles variables mencionadas por Cáceres anteriormente.
En el caso de educación media, el modus operandi es de igual manera, pero la conformación del equipo cambia y la referente puede ser la educadora sexual del centro, la psicóloga, o quien la adolescente identifique como “de confianza”. En estos casos, la comunicación deberá ser con el Departamento Integral del Estudiante y el área de Educación Sexual, mientras que en la UTU es con la Unidad de Atención al Estudiante, para finalmente “dar acompañamiento, tener registro y hacer un seguimiento de cada caso”.
En cuanto a la coordinación interinstitucional, Ramos remarcó la importancia de identificar si la niña o adolescente participa o pertenece a alguna organización de la sociedad civil, centros deportivos o programas del Mides, entre otros, para coordinar el abordaje. Asimismo, enfatizó en la coordinación con el MSP y el Área Programática Uruguay Crece Contigo del Mides, “para antes y después del embarazo”. Por otro lado, señaló que, “en el territorio, la articulación entre el equipo educativo y el de salud es mandatorio, y en situaciones de apoyo específico los equipos de nivel central de ambos sectores podrán hacer coordinaciones”.
Por último, Ramos recordó el documento “Orientaciones para el abordaje de la educación en sexualidad”, de la ANEP, debido a que consideró que “la educación sexual es una herramienta clave para la prevención de la violencia y el embarazo en la adolescencia y la infancia”.
*La Diaria Foto: Ernesto Ryan