Un hombre de 58 años, identificado por sus iniciales O.R.K.M., fue formalizado con 90 días de prisión preventiva por la presunta comisión del delito de almacenamiento de material pornográfico que involucra a personas menores de edad. La decisión fue adoptada por el Juzgado Letrado en lo Penal de Cuarto Turno el pasado 5 de diciembre, tras una audiencia en la que se expusieron los avances de la investigación iniciada a partir de una denuncia presentada en 2024.
El caso comenzó a tomar forma cuando la denuncia inicial derivó en una serie de actuaciones a cargo del Departamento de Delitos Sexuales del Área de Investigaciones, con el apoyo de la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género. A partir del análisis preliminar del caso, la Fiscalía solicitó medidas de investigación más profundas, que derivaron en un allanamiento al domicilio del indagado.
En la vivienda se incautaron diversos soportes y dispositivos electrónicos, entre ellos computadoras, unidades de almacenamiento portátil y teléfonos celulares, que serán sometidos a pericias técnicas especializadas con el fin de determinar la cantidad, tipo y antigüedad del material encontrado, así como posibles vínculos con otras investigaciones en curso, tanto a nivel departamental como nacional.
Las fuentes consultadas indicaron que el procedimiento se llevó adelante en horas de la mañana, en un operativo que contó con la presencia de personal técnico y funcionarios capacitados en la preservación de evidencia digital, dada la sensibilidad del material involucrado.
Desde la Jefatura de Policía de Paysandú se destacó la relevancia de estas actuaciones, subrayando que constituyen “una herramienta fundamental en la protección de niñas, niños y adolescentes, así como en el combate a cualquier forma de explotación sexual”.
Asimismo se remarcó que la investigación se enmarca en una línea de trabajo que ha permitido, en los últimos años, identificar situaciones que anteriormente quedaban ocultas debido al manejo virtual del material ilícito.
La causa continúa ahora bajo la órbita de la Fiscalía y del propio Juzgado de Cuarto Turno, que mantendrán las actuaciones en estricta reserva dada la naturaleza del delito y la necesidad de preservar la integridad de eventuales víctimas. Durante los 90 días de prisión preventiva, la Fiscalía deberá avanzar en el análisis de la evidencia digital, determinar responsabilidades y evaluar si corresponde solicitar una acusación formal.
Fuentes allegadas al caso señalaron que las pericias técnicas pueden extenderse varias semanas, dado el volumen de dispositivos incautados y la necesidad de rastrear el origen del material, su eventual distribución y posibles conexiones con otras personas.
La Jefatura reiteró, además, la importancia de realizar denuncias ante cualquier indicio relacionado con explotación sexual o difusión de material que involucre a menores, recordando que la colaboración ciudadana ha sido clave para detectar situaciones que, de otro modo, podrían permanecer impunes.
*El Telégrafo
