Escribe Camila Méndez
“Mojo el pie en su corriente y me estremezco. ¡Está hechizado el río!”, escribió Juana Fernández Morales –también conocida como Juana de Ibarbourou– en su libro Oro y tormenta. Una podría imaginar varios ríos que encajan con la descripción que realizó la poeta nacida en Cerro Largo, departamento que integra la cuenca de la laguna Merín. Tacuarí, Cebollatí, Yaguarón, Olimar Grande, San Luis, incluso el arroyo San Miguel podrían haberle servido de inspiración. Estos seis cuerpos de agua que, imaginemos, nutrieron sus obras fueron monitoreados por el Ministerio de Ambiente en 2023. La cartera realizó cuatro campañas durante marzo, mayo-junio, setiembre y noviembre. Las conclusiones, pese a una serie de limitaciones en los datos que relatamos más adelante, deberían advertirnos que el río pasó de estar hechizado a estar contaminado.
Sin embargo, todo sucede en su contexto. En 2023, una investigación llevada adelante por diez investigadores del Centro Universitario Regional Este (CURE) denunció que algo grave está pasando en la cuenca de la laguna Merín. El trabajo visibilizó la histórica afectación de los territorios por el agronegocio, captó la presencia de más de 90 agrotóxicos en sus aguas, problemas de salud en las comunidades y ecosistemas, destrucción de cerritos de indios y políticas públicas que “continúan promoviendo el despojo, fragmentación y desaparición de comunidades rurales pequeñas”. A su vez, otra investigación también detectó que las bases de datos de organismos públicos evidencian un subregistro de denuncias de trabajadores del arroz –principal cultivo de la cuenca– vinculadas a agroquímicos y que los referentes en políticas públicas minimizan los peligros de los plaguicidas. Al mismo tiempo, la hidrovía Uruguay-Brasil, que apunta al transporte fluvial de cargas del agronegocio, avanza. Un informe elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe prevé que con la hidrovía “la superficie productiva podría expandirse un 274% hacia 2030, desde 350.000 hectáreas hasta 960.000”.
No sólo hay destrucción en este sitio, hay mucho por defender y preservar. La laguna que le da nombre a la cuenca es el mayor espejo de agua de Uruguay, abarcando 3.750 kilómetros cuadrados. Está el sistema de humedales Bañados del Este y Franja Costera en este territorio, reconocido por su importancia a nivel internacional y por servir de hogar para especies de flora y fauna nativa, alguna de ellas en peligro de extinción. En la cuenca también existen tres áreas protegidas, aunque ocupan muy poco porcentaje de territorio y una de ellas aún no cuenta con un plan de manejo –documento donde se determina qué tipo de actividades se pueden realizar o no en el lugar, entre otras cosas–. Frente a todo este caos, los vecinos y vecinas han comenzado a organizarse. Un ejemplo de la unión es la recientemente creada Asamblea Hue-Mirī en Defensa de la Laguna Merín.
Es en este contexto –sumado a muchos factores más– que el Ministerio de Ambiente realiza los controles. Según consta en el informe del monitoreo, al que accedió la diaria, que se encuentra disponible en el Observatorio Ambiental Nacional, el trabajo tiene como principal objetivo “dar seguimiento de la calidad del agua superficial, que permita evaluar a corto y mediano plazo el comportamiento del sistema y contar con suficiente información para evaluar el posible impacto producido por futuros emprendimientos que se instalen” en la cuenca. En el documento también se reconoce que la cartera es “el organismo responsable de la protección, monitoreo y evaluación de la calidad de agua de los cuerpos de agua del país, así como también de la comunicación de los resultados” –recuerden este último punto–. Asimismo, tiene bajo su responsabilidad “la formulación, ejecución, supervisión y evaluación de los Planes Nacionales de Protección del Medio Ambiente y de proponer e instrumentar la Política Nacional en la materia, generando pautas que garanticen un desarrollo sostenible”.
Incumplimientos detectados
En el informe que analiza el estado de la cuenca de la laguna Merín en 2023 se relata que, por las sequías e inundaciones, “no se realizó el monitoreo embarcado en todo el año” y la colecta de muestras fue “superficial desde la costa o puentes”. La situación, dice, generó que seis puntos de toma habituales quedaran por fuera del análisis. “Los resultados fueron comparados con la legislación vigente para los parámetros regulados en el Decreto 253/79 y modificativos, que reglamenta el Código de Aguas del Uruguay. Los ríos estudiados están comprometidos dentro de las aguas superficiales de Clase 3 de dicho decreto. Para los demás parámetros se consideraron los valores de guía del Borrador de Trabajo Gesta Agua y Mesa Técnica del Agua como objetivos de calidad”, indica.
El documento del Ministerio de Ambiente establece que “el pH en el mes de setiembre se encuentra por debajo del límite establecido por el decreto y modificativos para casi todas las subcuencas”. En el río Cebollatí dos de 11 valores no cumplieron con los valores establecidos en la normativa (18%), en el río Olimar Grande uno de cuatro valores no lo hizo (25%), en el río Tacuarí dos de seis valores no cumplieron (33%), en el río San Luis uno de cuatro valores no cumplió (25%) y en el arroyo San Miguel uno de tres valores tampoco lo hizo (33%).
Con respecto a los valores de nitrógeno total, en el río Cebollatí el 18% de los valores no cumplieron con la normativa, en el río Yaguarón, el río San Luis y el arroyo San Miguel el 100% no cumplió con lo establecido, como tampoco 83% de los valores obtenidos en el río Tacuarí. Por si fuera poco, los niveles de fósforo total no cumplieron con lo establecido en el decreto en el 100% de los valores tomados en el río Olimar Grande, el río Yaguarón, el río Tacuarí, el río San Luis, el arroyo San Miguel y en el 82% de los valores del río Cebollatí.
El Ministerio de Ambiente también detectó incumplimientos en los niveles de oxígeno disuelto en el arroyo San Miguel en marzo y mayo de 2023. La turbidez también presenta dos incumplimientos en el río Tacuarí y en el río San Luis. Por otro lado, los coliformes también excedieron el valor límite del decreto para un “valor puntual en el mes de setiembre” en el río Cebollatí.
El informe, entonces, señala que en 2023 el índice de estado trófico (IET) “corresponde a la categoría eutrófico en su totalidad”, es decir, ambientes acuáticos profundamente afectados por la eutrofización. “En los dos años anteriores no se logró calcular el IET en ninguna de las estaciones de monitoreo por falta de datos, pero si se lo compara con 2020 –último año con índice– se observa una desmejora en el nivel trófico del ambiente”, suma.
Plaguicidas en la cuenca de la laguna Merín
Sobre plaguicidas, en el documento se describe que “la gran mayoría” presentó “valores por debajo del límite de la técnica” de detección. Luego añaden una tabla con los casos en que los resultados sí se encontraban “por encima del límite de la técnica”. Por ejemplo, en el río Olimar se detectó la presencia de los herbicidas Diuron, Atrazinadesetil, Metolacloro, Clomazone y Pyrazosulfuronetil, los fungicidas Triciclazol, Ciproconazol y Tebuconazol y los insecticidas Tiametoxam y Metoxifenocida.
En el caso del río Yaguarón se detectó la presencia de los herbicidas Diuron, Atrazinadesetil, Metolacloro, Clomazone y Pyrazosulfuronetil, los fungicidas Triciclazol, Ciproconazol, Tebuconazol y Picoxystrobin y los insecticidas Tiametoxam, Metoxifenocida y Acetamiprid.
El informe dice que en los casos que presentaron valores cuantificables “no se observan riesgos para el estado de la cuenca dado sus concentraciones bajas”. Esta declaración va en sentido contrario a lo expresado por científicos del CURE, que alertan sobre la cantidad de sustancias que son detectadas y los efectos que pueden producir a la salud –tanto del ecosistema como de las personas– las interacciones entre los plaguicidas.
Nada nuevo, pero poca acción
“El informe no dice nada muy sorprendente, es lo que se esperaba: los cursos de agua están totalmente eutrofizados, los niveles de nitrógeno y fósforo total se encuentran en exceso”, dice a la diaria Marcel Achkar, investigador del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República.
Al observar los contaminantes orgánicos asociados a plaguicidas, señala que un río o arroyo se puede “demostrar que está contaminado o no de acuerdo a cómo se haga el muestreo”. Achkar indica que las sustancias detectadas “están presentes en casi todas las aguas donde hay desarrollo agrícola. En la zona se vincula fundamentalmente al cultivo de arroz, el avance de la soja en los campos medios y la forestación en las nacientes”.
Por otro lado, insistió en que “la prioridad de abastecimiento de agua potable a las poblaciones humanas, establecida en la Constitución, no se está cumpliendo”. “Creo que el resultado del monitoreo, por sí mismo, interpela el funcionamiento de la Comisión de Cuenca. Esto debe ser tratado allí para encontrar, o por lo menos buscar, soluciones en espacios de participación”, insiste el científico.
Una participación que no existe
La Asamblea Hue-Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín está integrada por vecinos y vecinas que viven en el territorio. El 15 de marzo de 2024 enviaron una carta a la Dirección Nacional de Aguas –la autoridad que tiene bajo su órbita convocar los espacios de participación–, planteando su interés en que se agende una nueva reunión del Consejo Regional para la Cuenca de la Laguna Merín “en forma extraordinaria y a la brevedad”, para atender dos situaciones. Una es la “reactivación de la Comisión de Cuenca del Río Cebollatí”, que, dice el documento, “de acuerdo a los registros oficiales, la última vez que sesionó fue el 20 de febrero de 2020”. La otra es una propuesta para crear la Comisión de Cuenca del Río Tacuarí, “una de las más importantes en la región como fuente proveedora de servicios ecosistémicos fundamentales y de agua dulce para consumo humano de una gran cantidad de población de la región, y que, además, está impactada por distintas actividades forestales, agrícolas, ganaderas, industriales y donde se prevén proyectos de alto impacto como emprendimientos industriales o terminales portuarias”.
El colectivo compartió con la diaria la respuesta que obtuvieron de Viviana Pesce, la entonces directora nacional de Aguas. “En este año 2024 está previsto sesionar la primera quincena de mayo y la primera quincena de agosto”, indicó la jerarca en referencia al Consejo Regional para la Cuenca de la Laguna Merín. Sobre la reactivación de la Comisión de Cuenca del Río Cebollatí, señaló que “en su momento se evaluó y se decidió, dada su problemática y los actores que participaban, que sesionara junto con el Consejo”. “Como ustedes saben, los recursos humanos y económicos que tenemos son limitados y debemos ser lo más eficientes posible en su uso. No vemos posible crear una nueva comisión de cuenca del río Tacuarí, pero sí podemos abordar las problemáticas del Cebollatí y Tacuarí en el marco del Consejo de la Laguna Merín, y estoy segura de que entre todos podremos abordar las diferentes problemáticas de la cuenca”, finalizó. En agosto, Pesce renunció a su cargo en el Ministerio de Ambiente; no se convocó al consejo en la primera quincena de agosto.
“Nosotros empezamos a juntarnos para dialogar sobre los problemas actuales que tiene la cuenca, los problemas que tenemos en nuestros ríos y arroyos vinculados a la calidad del agua, la contaminación, la aplicación de agrotóxicos cerca de las localidades o cerca de las fuentes de agua con avionetas, los problemas de desmonte y pérdida de humedales o montes ribereños en las cuencas bajas, el avance de la forestación sobre la zonas de sierras”, cuenta Bruno Coiro, integrante de la Asamblea Hue-Mirī. Relata que, cuando comenzaron a investigar sobre los espacios de participación, vieron que estaban compuestos por “actores del sector privado, productivo, del gobierno, y que la sociedad civil estaba prácticamente ausente” en la región. “La población no se entera de que esto está funcionando, no se entera de que existe un espacio donde se le podría presentar la información de forma clara, donde podría discutir”, plantea, y suma que “no se está cumpliendo fielmente con lo que la voluntad popular quiso en la reforma de 2004”.
El vecino de la cuenca de la laguna Merín explica que el consejo, según consta en las actas que se publican en la web, se reúne con suerte “una o dos veces cada año”. A esto se suman las dificultades que tienen los pobladores de acceso a internet en la región y que se suele convocar de forma virtual a las instancias. Ellos y ellas solicitan que estas instancias se realicen en forma presencial. “La única sesión que hubo este año, que fue el 6 de mayo, coincidió con problemas de tormenta y con el inicio de las inundaciones en la zona. Muchas personas de la cuenca no pudimos conectarnos y los compañeros y compañeras que sí pudieron lo primero que pidieron fue que se suspendiera y que se planteara una nueva fecha. Esa moción fue desestimada. Era la única oportunidad que teníamos para que nos escuchen, esas dos horas en un día de semana durante horario laboral en una instancia virtual y en un momento en que las condiciones meteorológicas limitaban mucho más el acceso. Ni siquiera podemos llegar a plantear las preocupaciones que tenemos”, describe.
En este sentido, se le preguntó a Coiro si conocía el monitoreo que realizó en 2023 el Ministerio de Ambiente en la cuenca de la laguna Merín, y respondió que no y que tampoco los resultados fueron presentados en los ámbitos de participación. “Dice que todos los arroyos están eutrofizados, pero tiene casi nula información sobre agrotóxicos. Quienes vivimos en el territorio sabemos que esto está pasando, pero ni siquiera se presenta en el Consejo Regional el informe. Además, tampoco llegamos a la instancia de qué hacemos con toda esta información. ¿Qué controles están haciendo y qué políticas hay para cambiar estas situaciones?”, apunta.
Coiro describe que dentro de la asamblea existen diferentes visiones y buscan que sea “un espacio horizontal, incluso hasta desde el punto de vista de los conocimientos, porque la integran profesionales de la academia, pero también personas de áreas rurales o de actividades que de pronto no necesitaron terminar la escuela para desarrollar su vida”. También hace hincapié en que existen alternativas a este modelo de producción y que muchos de sus integrantes las están transitando. “Siempre hablamos de que no podemos quedarnos con el bajón de las cosas que nos vienen a imponer. Tenemos que destacar lo valioso que tenemos las personas que ya habitamos de distintas formas este lugar. Otra forma de habitar, otra forma de relacionarse con la naturaleza, con el agua, con el territorio, con la gente existe”.
*La Diaria Foto: Pablo Nogueira