El Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, hará entrega en esta jornada de una carta acompañada de firmas de vecinos en la que se le solicita que “aplique y haga cumplir el decreto 8058/20 ‘Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Guichón’”. El artículo 135, en su literal b), determina: “Distancias mínimas para la actividad productiva respecto a la UPA (Unidad Potabilizadora de Agua). Se prohíbe la actividad productiva dentro del radio de 200 metros del entorno de la misma”.
Agrega al respecto el colectivo que la UPA, que suministra el agua potable a la localidad, “hace más de una década que está expuesta a los agroquímicos que desde entonces hasta la actualidad se aplican a escasos 50 metros de la UPA de OSE”. En función de esto es que exigen “el cumplimiento de esta normativa que apunta a la protección del agua para consumo humano de Guichón”.
La entrega de este documento tendrá lugar al mediodía de hoy, se indicó desde el grupo al diario sanducero.
MENSAJE
Además de la entrega de esta carta, como es habitual, el grupo ambientalista dio a conocer un mensaje con motivo de esta fecha, en el que plantea sus preocupaciones. Señala esta comunicación que la organización, que lleva más de 15 años “trabajando sobre los problemas socioambientales en la comunidad, señalando conflictos y aportando propuestas para mejorar la calidad de vida en los territorios de los que somos parte”, desea transmitir una serie de inquietudes y propuestas. La primera de ellas alude, justamente, al planteo dirigido al Intendente Nicolás Olivera con respecto a la distancia de las actividades productivas respecto a la UPA.
Por otra parte, solicitan “que se revise la resolución del MGAP 188/2011 que dispone distancias para aplicaciones terrestres mecanizadas de agroquímicos”. El planteo apunta a que “se suprima la facultad de autorizar a pulverizar con agroquímicos a menos de 300 metros de los centros educativos”. Sostienen que “hay pruebas suficientes que indican el riesgo que significan estas aplicaciones con agroquímicos en cercanías de las escuelas” y manifiestan que “¡Es inaceptable que exista esta autorización!”
Además están solicitando al Estado uruguayo dar cumplimiento al Acuerdo de Escazú, acuerdo regional “sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”. Destacan que se trata de un tratado “jurídicamente vinculante”, que Uruguay ratificó en 2019 con la Ley N.º 19.773.
*El Telégrafo
