La demanda ha sido presentada como una «acción de nulidad» y fue discutida en una reciente reunión entre vecinos autoconvocados, la directora de Tránsito y el abogado de la Intendencia, Dr. Gorosito. Hernández explicó que, si bien el principal motivo de la demanda es la terminación anticipada del contrato, la falta de acceso a documentos oficiales dificulta conocer detalles precisos sobre el proceso.
El activista de los denominados «vecinos autoconvocados» de Fray Bentos, expresó su preocupación por el impacto financiero que tendría una sentencia desfavorable para la Intendencia, señalando que los costos judiciales no serían asumidos solo por el gobierno departamental, sino que también afectarían a los contribuyentes de Río Negro. “Esto no será barato”, afirmó Hernández, recordando que el sistema de fotomultas ya le costó al departamento más de 300.000 dólares en un año. Con esta demanda, los costos podrían escalar a varios cientos de miles de dólares adicionales, lo que comprometería el presupuesto destinado a servicios esenciales como iluminación, seguridad y mantenimiento de infraestructura pública.
Además, los vecinos autoconvocados han solicitado a la Intendencia un informe detallado sobre la demanda y la identificación de los apoderados de Teslights. La información sería remitida a la Fiscalía, donde se investiga la procedencia de los equipos utilizados en las fotomultas y se intenta esclarecer posibles responsabilidades en el ingreso de estos dispositivos al país.