Por Camila Méndez
Informe de la cartera propone aplicar dos multas a la nueva planta de celulosa, que continúa acumulando sanciones; por otro lado, organización civil exige “un cierre definitivo de la planta si la misma carece de las condiciones de seguridad ambiental necesarias”
El 18 de junio la empresa UPM detectó un derrame en el arroyo Sauce generado por su segunda planta de celulosa ubicada en Durazno. Este hecho tiene como antecedente que, hace aproximadamente un año, la multinacional también produjo otro derrame que acabó con la fauna acuática del ecosistema y llegó a dañar el río Negro. Sin embargo, según alerta el Ministerio de Ambiente (MA) en informes a los que accedió la diaria, la compañía les comunicó la nueva “contingencia” ocho días después de haberla descubierto. Al tomar conocimiento de la situación, técnicos de la cartera se presentaron en el lugar para tomar muestras y recoger información complementaria.
El vertido era “lixiviado de la celda de disposición final de residuos sólidos industriales”; su caracterización incluye contenidos como DQO, fenoles, cloruros y sulfatos. El informe del ministerio indica que “la empresa habría incumplido con la pauta de operación oportunamente prevista para esta instalación, habiéndose acumulado lixiviado dentro del pozo de bombeo pero también de forma incontrolada en las conducciones que hasta ese pozo acceden, en una operación que no se ajusta a lo previsto en el Plan de Gestión Ambiental de Operación vigente”. Por esta razón, el lixiviado “habría llegado rápidamente hasta el curso del arroyo Sauce”. A su vez, el documento detalla que “las acciones tomadas por la empresa inmediatas a la detección” habrían “detenido la pérdida de lixiviado desde las instalaciones del sistema de drenaje”.
Un análisis primario, realizado el 28 de junio, concluyó que es “limitado por el hecho de que la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental no alcanzó a realizar un relevamiento propio en campo cuando se detectó el vertido, en tanto no fue notificada la contingencia ambiental en forma inmediata como correspondía en este caso”. Al mismo tiempo, subraya que en “el informe preliminar presentado por la empresa varios días después de constatado el hecho se encuentran indefiniciones y faltantes de información de particular relevancia para una evaluación precisa de las causas de la contingencia, del alcance concreto de las áreas y las instalaciones afectadas y también de la pertinencia de las acciones que la empresa ha adoptado y fundamentalmente de las que corresponde a futuro ejecutar”.
Acumulación de impactos en el arroyo Sauce
Otro informe elaborado por la División de Emprendimientos de Alta Complejidad del Ministerio de Ambiente, fechado el 19 de julio, buscó analizar la situación con mayor profundidad. Propone tener en cuenta “las causas que han derivado en la ocurrencia del derrame y las acciones de respuesta adoptadas por UPM II, incluidos los procedimientos de comunicación aplicados”, y “evaluar los efectos ambientales que ese evento ha generado sobre el medio receptor”. En el mismo documento también se busca “definir las acciones punitivas que corresponde aplicar por parte de la Administración”.
“Los resultados que arrojan los monitoreos realizados el propio día en que fue detectado el derrame evidencian que los niveles de pH en el arroyo Sauce excedieron los estándares de calidad de agua que establece la normativa vigente, configurando así la ocurrencia de impacto ambiental y que los niveles de conductividad en el arroyo también muestran la existencia de una nueva afectación de la calidad de agua de dicho arroyo”, afirman los técnicos del MA.
En el reporte se manifiesta que “la extensión del impacto alcanzó a todo el arroyo Sauce aguas abajo del sitio donde se produjo el derrame, y el efecto sobre la conductividad fue incluso detectable en la laguna en la que desemboca el arroyo previo al río Negro”. Dice a su vez que el 20 de junio, dos días después del hecho, las condiciones de calidad de agua “volvieron a encontrarse dentro del rango esperable según las observaciones previas”. Cabe resaltar que estos datos fueron obtenidos a partir del monitoreo periódico de calidad del agua del arroyo que realiza UPM “sistemáticamente” por requerimiento del MA luego del derrame de 2023.
En el informe establecen que el lixiviado tiene “potencial contaminante”, pero que “en función de lo que ha sido la relativamente baja intensidad, la acotada duración y la rápida reversibilidad del impacto generado en términos de modificación de pH del curso, se considera que no corresponde calificar la contingencia ocurrida como una afectación grave sobre el ambiente, lo cual no obsta a seguir atendiendo los eventuales efectos adiciones que esta situación pudiere generar sobre las comunidades que ya están siendo objeto de monitoreo en el arroyo Sauce como corolario de una contingencia anterior”.
Dos dimensiones de los incumplimientos
El Ministerio de Ambiente señala en el informe de julio que han existido “incumplimientos a lo previsto” en el Plan de Gestión Ambiental de Operación (PGA-O) de la planta en “dos dimensiones diferentes”. Por un lado, UPM “debe informar a esta administración acerca de las contingencias ambientales con potenciales efectos significativos sobre el medio receptor de manera inmediata al suceso, pero en la ocasión del 18 de junio, UPM II optó por no comunicar inmediatamente lo ocurrido, afirmando –según expresa– que no hubo tales efectos negativos sobre el ambiente”. Los técnicos expresan que esta conducta no “resulta ajustada a lo establecido en el PGA-O, dado que habían sido detectados aportes a curso de agua provenientes de infiltración de terreno con valores de pH 11,5 y que habían sido medidos valores de pH en varios sectores del curso de agua superiores a 8,5, así como valores de conductividad anormalmente elevados en todas las estaciones monitoreadas el día de detección del derrame, incluso en la laguna en la que desemboca la cañada”.
En este contexto, los técnicos subrayan que “no es admisible aducir que no existían potenciales efectos negativos sobre el medio receptor como para justificar la no comunicación en forma inmediata de la contingencia detectada”.
Por otro lado, en el informe se indica que “el origen de la contingencia radica en que se produjo un apartamiento de la operación normal del pozo de bombeo a partir del 15 de junio”. A partir de esta fecha, argumentan, se “interrumpió la normal operación del pozo procediendo a almacenar lixiviado dentro del mismo –hasta muy elevados niveles que incluso provocaron la falla en el sistema de conducción aguas arriba del mismo–”.
En este sentido, la cartera determina que “la actividad de monitoreo para evaluar el seguimiento de la recuperación del arroyo Sauce como consecuencia del anterior derrame, ocurrido en agosto de 2023, deberá continuarse –or el momento– sin modificaciones y deberá esperarse a los resultados que de la misma surjan a los fines de definir eventuales acciones que pudiera corresponder agregar”. Añaden que la planta deberá incorporar “una actividad de monitoreo permanente de las condiciones de calidad de agua in situ del arroyo Sauce, en diversos puntos a lo largo del mismo”, con “frecuencia semanal, como mínimo de los parámetros pH, conductividad, temperatura y oxígeno disuelto”.
Multas y responsabilidades
En 2023 la diaria obtuvo mediante un pedido de acceso a la información pública la cantidad de sanciones que había recibido la nueva planta de celulosa de UPM. En total, hasta ese momento, habían sido concretadas 11 sanciones durante su fase de construcción y tres más luego de comenzar a operar por diversas razones, que van desde “inconsistencias e inexactitudes” en informes de monitoreo ambiental hasta vertidos que superan los parámetros estipulados. En los números no está incluido el derrame de soda cáustica en el arroyo Sauce que protagonizó la empresa en agosto de 2023. El hecho acabó con la fauna acuática del cuerpo de agua y dañó el río Negro. En su momento, Carlos Santos, doctor en Ciencias Sociales especializado en Ecología Política y Medio Ambiente, describió que “la lógica del sistema de multas que tenemos instalado termina siendo una especie de estímulo a la contaminación”.
En el informe que elaboró el MA por el nuevo derrame de lixiviados se estableció que “desde el punto de vista reglamentario” las faltas que cometió la compañía “han de ser consideradas graves”. “La primera por no haber realizado la comunicación de la contingencia ambiental en tiempo”, y la segunda “por la reiteración a un incumplimiento a la pauta de operación prevista, atento a lo ocurrido en agosto de 2023 que derivó en la contingencia de anterior derrame hacia el arroyo Sauce”, menciona. Asimismo, se recomienda sancionar con dos multas de 1.000 unidades reajustables –43.000 dólares aproximadamente– y 3.500 unidades reajustables –150.000 dólares aproximadamente–.
Según informó El País, el grupo finlandés UPM obtuvo un beneficio neto de 279 millones de euros en el primer trimestre de 2024, un 52% más que en el mismo período de 2023. En este sentido, Santos planteó un año atrás que “es realmente irrisorio el porcentaje de las multas para la magnitud de la escala económica que maneja UPM”. En ese sentido, señaló que “más allá de si 40.000 dólares es mucho o poco”, correspondería “poner a la empresa a restaurar la condición ecológica del arroyo”, algo que sería “mucho más efectivo que tratar de gestionar algo con los dineros que va a cobrar el Estado por la multa”. A su vez, señaló que la sanción “no tiene por qué ser necesariamente en dinero”, sino que pueden abarcar otros “elementos que impliquen la afectación del funcionamiento de la empresa”, por ejemplo, la clausura por determinada cantidad de días.
Pedido de organizaciones sociales
La organización Conservación de Especies Nativas del Uruguay (Coendú) emitió un comunicado sobre el derrame en el que afirma que “una vez más el Estado guarda silencio sobre los hechos”. “La planta de primera generación, muy segura, que nos vendieron hace unos años, en sólo 15 meses de operación sigue contaminando y aniquilando vida en sus alrededores”, relata. El colectivo también sostiene que “las varias y reiteradas sanciones económicas que ha tenido la planta en poco más de un año de actividad no devolverán todo el daño causado”, y se pregunta “hasta cuándo permitiremos que deterioren nuestra tierra, agua y aire”.
En su comunicado Coendú afirma que “nuestros gobernantes actuales, anteriores y seguramente futuros, son responsables directos de todo esto. De nosotros depende decir basta y exigir un cierre definitivo de la planta si la misma carece de las condiciones de seguridad ambiental necesarias”.
*La Diaria – Foto: Alessandro Maradei